La Universidad Loyola, a través su Escuela de Negocios ‘Loyola Executive’, y APACSA -la Asociación de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuración ‘Sainz de Andino’ continúan su estrecha colaboración para formar a profesionales en las novedades para prevenir la insolvencia en las empresas. En este contexto ha iniciado su actividad docente y formativa el Diploma en Reestructuración y Refinanciación de Empresas que alcanzan en este año 2024 su cuarta promoción y que se desarrolla en las instalaciones que la Universidad Loyola tiene en el campus de Dos Hermanas (Sevilla).
Quince profesionales del sector de la banca, la abogacía, la economía y las finanzas participan en este Diploma que se desarrollará hasta el próximo mes de junio de 2024 a través de sesiones formativas presenciales o virtuales concentradas en un día de la semana, los viernes, con sesión de mañana y tarde para facilitar la actividad profesional y laboral de los profesionales que realicen esta actividad formativa.
En el acto de inauguración de este Diploma ha participado Eduardo Gómez, director del programa y magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla quien ha destacado la importancia de que esta edición coincida con el desarrollo de la nueva Ley Concursal que cumplirá los primeros 18 meses desde su entrada en vigor, un periodo de tiempo que permite analizar con un mejor bagaje el desarrollo de las novedades y los procedimientos incluidas en esta ley.
Por su parte, Jesús Borjabad, presidente de APACSA, ha destacado en su intervención que “esta edición es un paso más en un proyecto que empezó hace cuatro años para solucionar los problemas que planteaban los operadores del sector de la insolvencia en cuanto a la ley y los procedimientos. Nació de la necesidad que tenemos como profesionales de la reestructuración y refinanciación de empresas de estar altamente formados y ser operativos”.
Asimismo, Susana Pérez, coordinadora Admisiones Executive Education de la Universidad Loyola, ha recordado que “uno de los mayores valores del programa es la sinergia y las posibilidades de networking entre los profesionales que imparten clase y los participantes del programa”.
Tras el acto oficial de inauguración del Diploma se desarrollo la sesión inaugural en la que intervino el magistrado del Tribunal Supremo, Pedro José Vela Torres, quien analizó la situación actual de los concursos de acreedores y el futuro de esta actividad. En este sentido, aseguró que “la reforma concursal del 2003 cambió, desde un punto de vista sistemático, el paradigma respecto a la regulación decimonónica hasta ese momento vigente. Tras la primera década de vigencia de la Ley Concursal, puesta a prueba de manera violentísima por las consecuencias de la crisis económica de 2008, comenzó a manifestarse un movimiento a favor de la introducción de cauces intermedios que dieran cabida a la negociación entre el deudor y sus acreedores sin someterse al rígido corsé del concurso.
El sistema colapsó porque los deudores concursados acaban en liquidación en un 95% de los casos y el tiempo medio de tramitación de un concurso es superior a 4 años. “Pese a las ilusiones con que se recibió el modelo concursal de 2003, veinte años después no queda más remedio que reconocer que su resultado fue insatisfactorio. Se reveló como lento y caro y, además, no facilitaba el cobro a los acreedores, ni el mantenimiento del tejido empresarial, ni la protección de los puestos de trabajo”, ha reconocido el magistrado.
La última tendencia a la que parece apuntarse el legislador reciente es el establecimiento de un derecho de la insolvencia eficiente, que no piensa solo en los acreedores, sino también en los inversores.
Como resultado de todo ello, actualmente, el Derecho español de la insolvencia se desarrolla en tres grandes escenarios: el Derecho Preconcursal, el Derecho Concursal y el Derecho Paraconcursal. El primero, dedicado a las instituciones preventivas del concurso, en una línea ya introducida en el ordenamiento español a partir del año 2009. El segundo, regulador de la insolvencia concebida como procedimiento judicial, que supondría la continuación del modelo clásico, aunque ya no predominante. Y el tercero, relativo a determinados sectores económicos cuya liquidación podría conllevar riesgos sistémicos.